La Administración Pública se encuentra en pleno proceso de transformación. Con el objetivo de reducir la burocracia, agilizar la gestión y acercar al ciudadano al Estado de forma más eficiente, el gobierno argentino ha puesto en marcha un cambio fundamental: la implementación del silencio administrativo positivo. Esta figura, prevista en el Decreto 971/2024, implica que, en ciertos trámites, la falta de respuesta por parte del Estado dentro del plazo legal será interpretada como una aprobación automática. En un contexto donde las peticiones administrativas suelen ser sinónimo de espera e incertidumbre, este mecanismo puede marcar un antes y un después en la relación entre el individuo y la Administración. Leer.

A continuación destacó 5 puntos relevantes:

1. Transformación del Estado. Ese cambio, junto a otros como el acto y procedimiento administrativo, el acceso a la vía judicial para recurrir la conducta administrativa, entre otros que se inscriben dentro de la transformación del Estado que es recogida en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (leer, web Ministerio), que con instituciones de libertad logrará la autonomía y desarrollo económico de todos los argentinos y la sociedad en su conjunto. Denotan la intención de establecer una Administración responsiva, en lugar de una represiva (regulación, inspección y sanción).

2. Digitalización de los trámites. Para que el silencio positivo funcione de forma efectiva y trazable, el Gobierno dispuso que los trámites alcanzados por esta medida deben realizarse exclusivamente por vías digitales. Específicamente, a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o mediante sistemas digitales propios de cada organismo. Esta digitalización no solo busca eficiencia, sino también transparencia, permitiendo que el ciudadano lleve un registro preciso de sus solicitudes. Desde el 1 de noviembre de 2024 rige esta modalidad en la Administración Pública Central, y desde el 1 de diciembre en los organismos descentralizados.

3. Qué trámites están incluidos. El Decreto 971/2024 viene acompañado de dos anexos clave. El Anexo I enumera aquellos trámites excluidos del silencio positivo, como los vinculados a la salud, el ambiente o servicios esenciales. El Anexo II, por su parte, detalla los procedimientos en los que sí se aplica, incluyendo autorizaciones para actividades turísticas, ciertos registros de datos personales, habilitaciones comerciales no sensibles, entre otros. Esta delimitación permite un equilibrio entre la agilidad administrativa y la burocracia de siempre.

4. Impacto en la vida del ciudadano. La incorporación del silencio administrativo positivo representa un avance real para los ciudadanos. Evita que trámites se dilaten indefinidamente por la inacción del Estado, y pone al individuo en una posición de mayor autonomía. No se trata solo de ahorrar tiempo, sino de garantizar el derecho fundamental a una buena administración, signado por gestión pública eficiente y sin dilaciones innecesarias. Esta medida es especialmente útil para aquellos trámites donde el riesgo es mínimo y la demora afecta la actividad cotidiana de emprendedores, profesionales y ciudadanos en general.

5. Un nuevo paradigma en la relación ciudadano-Estado. Históricamente, el silencio de la Administración ha significado una negativa. Con esta reforma, bajo la nueva Ley de Bases se invierte en áreas específicas, otorgándole al ciudadano un margen mayor de acción frente a la ineficiencia estatal. Al establecer que la falta de respuesta puede ser leída como una aprobación, se desplaza el poder hacia quien inicia el trámite, y se obliga al Estado a actuar con mayor responsabilidad y celeridad. 

La lección que nos deja el Derecho Administrativo argentino y la Transformación del Estado a partir de la Ley de Bases es muy importante y marca un camino para el cambio y derrocamiento de la burocracia por la libertad (Ley de Bases). En concreto, solo la implementación del silencio administrativo positivo representa una señal clara de que el poder público no debe ser un obstáculo para el desarrollo de la vida individual. En una sociedad que demanda menos burocracia y más libertades, con esta medida se conseguirá no solo que se aligeren los trámites: devuelve al ciudadano la absoluta presunción de capacidad y buena fe. y reconociendo que cada uno es dueño de su vida, eliminando el peso de tener que esperar eternamente una autorización para ejercer derechos básicos. Si el Estado calla, la libertad responde.