Un artículo reciente de Daniel Lacalle (@dlacalleIA) expone la intensa regulación y tributación del sector eléctrico en España. Alertando que su precio está compuesto por un 60% de tributos y que no por ello deba necesariamente acudir al sistema ya superado (nacionalización). Además explica magistralmente que realmente no se trata de una mercado realmente “liberalizado”. En particular sostiene lo siguiente:

“La tarifa eléctrica en España está intervenida masivamente. Más del 60% de la tarifa son impuestos y costes regulados. Además, la parte mal llamada “liberalizada” incluye impuestos a la nuclear, a la hidráulica y el impuesto escondido del coste de CO2. Ante semejante barbaridad, solo a un burócrata se le ocurre la idea de que la solución es intervenir aún más.

(…) El gran engaño del mercado eléctrico es decir que está liberalizado. El estado elige el mix energético, impone una planificación obligatoria, interviene e introduce distorsiones en el precio y, además, es el que más se lucra con las subidas de la energía” ver.

Acusa a una propuesta del El Consejo de ministros para reformar el mercado eléctrico europeo de poco viable, ya que “…no presenta memoria económica, ni impactos para los inversores, ni impactos para la industria, ni análisis legales ni técnicos. Es un batiburrillo de lugares comunes ideológicos que pone en peligro la seguridad jurídica y vuelve a introducir riesgo regulatorio”.

Respecto a la prestación de servicios hemos sostenido -en la Revista de Derecho Público Nº 169-170– que deben atender a los mecanismos del libre mercado atendiendo a tres principios fundamentales: (i) subsidiariedad; (ii) menor intervención y (iii) favor libertatis, entre otros principios dirigidos a ampliar la oferta y la libertad de elegir entre varias opciones. Por lo que rechazamos intervenciones bajo cualquier título o pretexto, por lo que se debe exigir que “las decisiones que se tomen deben servir con objetividad a las personas y no bajo un móvil político (…) siempre deben obedecer a las reglas de la economía y del libre mercado, no se deben malinterpretar las potestades con fines distintos al desarrollo y crecimiento sostenido de la economía del país y de la ciudadanía en su conjunto” ver.